La propuesta va de la mano de la diputada de Unión por la Patria Gisela Marziotta, quien señala en la redacción del proyecto que la desinformación y las campañas que manipulan la opinión pública "han generado un grave deterioro en la calidad del debate público y en la confianza en las plataformas digitales". Este escenario es especialmente visible, por ejemplo, cuando llega la hora de las elecciones presidenciales o el debate de alguna ley que atente contra los intereses de algún sector.
La “Ley de etiquetado de identidades en redes sociales masivas” establece la creación de un sistema de "etiquetado digital" nacional y obligatorio que clasifique a los usuarios de redes sociales masivas (aquellas que cuentan con más de 500.000 cuentas activas en el país) en categorías que garanticen la transparencia de su identidad sin comprometer su información personal, conforme a lo que dice la Ley Nacional n° 25.326 de Protección de Datos Personales.
Así, habría tres clases de cuentas: usuarios humanos, bots y multicuentas. Esa etiqueta debe ser visible en todos los dispositivos y ubicarse justo al lado del nombre del usuario. Lo interesante de este proyecto es también cómo hace respetar su obligatoriedad; las empresas que incumplan abonarán multas de entre un 2 y un 10% de su facturación anual en el país.
De aprobarse, los prestadores de plataformas de redes sociales masivas que operen en Argentina tendrán la obligación de revisar la identidad digital de sus usuarios mediante una verificación.
"Este sistema busca prevenir la desinformación, el abuso de cuentas falsas o automatizadas y la manipulación de la opinión pública, garantizando un entorno digital más transparente y seguro", justifica el texto.
Ahora bien, ¿cómo se definen las categorías mencionadas?
- Usuarios Humanos: personas físicas con identidad verificable mediante un sistema de validación de datos personales.
- Bots: cuentas automatizadas que operan mediante software o programas que generan interacciones o contenido sin intervención humana directa.
- Multicuentas: cuentas gestionadas por una misma persona física, identificada a través de la coincidencia de direcciones IP, cookies de navegación, huellas digitales de dispositivos o cualquier otro medio de identificación técnica. Su existencia deberá ser informada al usuario, quien tendrá derecho a unificar, gestionar o cerrar sus cuentas adicionales.
Las explicaciones que da el proyecto de ley están muy bien, pero el punto más controversial para su aplicación podría ser el de la inclusión de multicuentas, dado que muchas personas manejan más de una cuenta por sus emprendimientos o para tener un perfil profesional y uno más personal. ¿Qué se hará en esos casos?
"La manipulación del discurso público a través de cuentas automatizadas y multicuentas es una herramienta que no solo fomenta la polarización, sino que también contribuye a la creación de burbujas informativas, donde los usuarios son expuestos únicamente a contenidos que refuerzan sus prejuicios, reduciendo así la posibilidad de un debate plural y diverso", señala el texto.
Diversos informes internacionales, como el del Digital News Report 2023 del Reuters Institute for the Study of Journalism destacan cómo la desinformación afecta gravemente la confianza en los medios de comunicación y en las plataformas digitales, generando una crisis de credibilidad en las democracias modernas. De hecho, una de las estrategias más usadas para condicionar la opinión pública se llama astroturfing, que se ha difundido a lo largo de todo el mundo.
El astroturfing consiste en estos pasos: primero se contratan cuentas con bastantes seguidores, algo así como casi influencers, para opinar o difundir alguna información de forma sutil, con la apariencia de un discurso real y honesto en primera persona. Luego, se abre el debate contratando a periodistas y medios. Por último, se aviva la cosa con la inserción de bots, con discursos tanto a favor como en contra de un determinado asunto.
Sin dudas, es un tema complejo, pero lo cierto es que necesita ser regulado por el bien de la información contrastada y la libertad de pensamiento. Seguramente se complemente con este otro proyecto de ley, de regulación de las inteligencias artificiales.
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