Rumbo a la campaña electoral 2025 de Argentina, el Gobierno desembolsó millones para contratar encuestadoras

La desconcertante polarización de la sociedad contemporánea es un hecho, y las fuerzas políticas acuden a todas las herramientas que tengan a mano para sumar votos. En esa línea, y a pesar del famoso "No hay plata" que se repitió hasta el cansancio durante todo el año, la presidencia de la Nación decidió invertir más de 190 millones de pesos en contratación de encuestadoras.

La imagen del presidente asciende a 52%, el mejor indicador desde que asumió, según el estudio de Equipo Mide. Sin embargo, no hay mucho que celebrar, puesto que la otra mitad sostiene una opinión negativa. La oposición entre posturas es tal que, mientras que una mitad afirma que la Argentina de Javier Milei avanza en la dirección correcta, la otra considera que va por una equivocada.

Una sociedad impredecible contra 17 encuestadoras contratadas en una licitación millonaria para medir y monitorear la opinión pública y preparar el terreno para la campaña electoral de 2025. Así lo deja entrever el texto de la Decisión Administrativa 1019/2024 publicada en el Boletín Oficial, bajo el título de Estudios de Monitoreo de la Gestión y Opinión Pública.

Las favorecidas y las excluidas

A decir verdad, los gobiernos suelen contratar consultoras para medición con la intención de que el patrocinio juegue a su favor. No será la primera ni la última vez. Quizás en gesto de decoro, dentro de las seleccionadas también figuran algunas empresas que son reconocidas como cercanas al ex presidente Alberto Fernández.

Los contratos rondan una amplísima brecha que va desde los 6 hasta los 90 millones de pesos por estudio, en el que se incluyen encuestas telefónicas, presenciales y focus groups. Estos últimos son un método de investigación cualitativa que consiste en reunir a un grupo de personas para que compartan sus opiniones sobre un tema determinado. En este caso, se organizarán de 6 a 8 personas y con dos horas de duración. Esto se cotizó por encima de 1,2 millones de pesos.

Según el texto, el gobierno puede contratar los servicios de las consultoras durante seis meses, con la posibilidad de extenderlo por otro semestre.

Entre las beneficiadas figuran consultoras como Aurelio, Analía Del Franco, Gustavo Córdoba, 2R Consultoria, Nucleo Marketing, Opinaia, Demos, Isonomia Consultores, The Power of Data, Tinargen y Barda Comunicación. Otras grandes firmas, como Poliarquía, Synopsis y Fixxer, dieron la espalda y prefirieron no participar en la convocatoria. Además, la Universidad Nacional de Tres de Febrero sí se presentó, pero fue excluida.