Una diputada de Argentina presentó un proyecto de ley para penalizar a quienes usen la IA para replicar rostros y voces

La diputada nacional Silvana Giudici del Partido Propuesta Republicana (PRO) presentó un proyecto de ley para penalizar a aquellas personas que utilicen la inteligencia artificial para simular la apariencia o clonar la voz de algún tercero.

Entre las sanciones, se estipulan penas de un mes a un año de prisión y multas que van desde los 4 millones hasta los 20 millones de pesos. “El que, con la finalidad de provocar un daño, utilizare sistemas de inteligencia artificial para generar, manipular y/o publicar, a través de cualquier medio de difusión o comunicación, imágenes o videos que contengan réplicas del rostro o la voz de una persona”, sostiene el documento.

La iniciativa se llama “Modificación al Código Penal. Clonación de rostro y voz”, ya que incorpora el artículo 117 bis del Código penal, el cual, a su vez, sostiene toda la reglamentación relacionada con la manipulación de datos personales.

Por otro lado, las penas pasan de un año a seis cuando se desarrollen las siguientes conductas según el documento:

1. Se utilicen inteligencias artificiales para provocar un daño a la integridad física o psicológica del titular de los datos o de otra persona
2. Se utilicen para hostigar, acosar o humillar a la persona titular de los datos o colocarla en una situación de vulnerabilidad, hostigamiento, acoso o humillación
3. Se generen o manipulen imágenes de niñas, niños y adolescentes menores de dieciocho (18) años con contenido sexual o representando sus partes genitales o con fines sexuales
4. Se utilice para cometer cualquier delito previsto en este código

Por último, referenció, como soporte del proyecto, un estudio global de la marca McAfee que resaltó que de 7000 personas encuestadas, una de cada cuatro sufrió alguna estafa por clonación de voz. Además, muchos de los participantes reconocieron no saber diferenciar entre una voz creada con IA de una real.

Argentina es un territorio que ha empujado por mayor legislación sobre la inteligencia artificial y su regulación, sin embargo, todavía no hay resultados firmes y que se hayan aplicado a las normativas vigentes. Si el país no quiere quedarse atrás en materia penal y legal, deberá tomar una decisión lo antes posible.