A través del Vocero Presidencial, Manuel Adorni, el gobierno de Argentina confirmó que le quitará los 100 MHz de espectro de red que tenía ARSAT y los 50 MHz que poseía ENACOM de la señal 5G. ¿La razón principal? Poner la conexión en uso y ampliar las inversiones y la competitividad.
Anteriormente, las bandas de frecuencia correspondientes a la señal 5G habían sido subastadas y repartidas entre empresas como Movistar, Claro y Personal. Sin embargo, estos MHz restantes no fueron vendidos y, para el gobierno, mantenerlos en manos del Estado es perder tiempo y evitar una mejoría del servicio. “La apertura del mercado es para que haya mejor servicio”, sostenía Adorni.
Se espera que en las siguientes semanas se llame a concurso para que nuevos competidores oferten el uso del ancho de banda, la autorización de nuevas conexiones, instalación de antenas y todos los procesos requeridos para hacer eficiente el funcionamiento del 5G en el país.
El Vocero Presidencial sostuvo que, con estas medidas, se sigue trabajando en la “desregulación, apertura de mercado y corrección de cualquier distorsión existente en la prestación de servicios”.
También presentó una auditoría en la que se destaca el control al ENACOM, de la cual se resolvió que Telecom y Telefónica deben más de 3.000 millones de pesos en inversiones. “Omitió intimar a las empresas y falló en el control”, explicó el funcionario sobre el papel del Ente Nacional de Comunicaciones.
Las nuevas medidas no sorprenden en este gobierno. A principios de octubre se anunció que Nación pondría en venta la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. Específicamente llevaría el 49% de las acciones a la bolsa de mercados.
“Estamos haciendo un ordenamiento de la empresa para salir el año que viene con un porcentaje que no puede ser mayor al 49, que es lo que nos permite la ley, pero que puede ser bastante más chico”, explicaba Mariano Greco, presidente del organismo.
El objetivo, también, es lograr nuevas inversiones y capitalizar todo el espectro de conexión a internet que tiene el país. Además, el 51% de la compañía quedará a manos del Estado, por lo que tiene mayor poder de decisión en los proyectos que quieran realizar.
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