El gobierno de Javier Milei considera que hay una "deuda pendiente" para los jubilados y jubiladas que han aportado durante 30 años o más sin hacer uso de las moratorias, y planea premiarles. Esa es solo una de las modificaciones que se introducirían junto con la reforma previsional que se proyecta para ser tratada en la Cámara de Diputados y, luego, de Senadores, en algún punto del 2025.
Entre las propuestas que se están considerando puertas adentro, figuran otorgar un aumento ligado al desempeño económico del país, así como la eliminación de regímenes jubilatorios especiales y una extensión de la edad laboral, con jubilaciones habilitadas a partir de muy cerca de los 70 años.
¿Será así que la gestión libertaria planea "reordenar el sistema sin vulnerar derechos", tal como lo prometió el actual presidente durante uno de los debates presidenciales (2023), anterior a su asunción?
El premio mayor para los contribuyentes de bien
Según el medio Infobae, fue confirmado por funcionarios del gobierno que se piensa implementar un “premio” para aquellos contribuyentes que cumplieron con los 30 años de aportes reglamentarios. El beneficio consistiría en un adicional vinculado al PBI (algo así como un cupón PBI, aunque no es un bono) que se sumaría a sus haberes regulares. Aunque aún no está definida la fórmula que determinará este aumento, está claro que la idea es validar el buen desempeño tributario.
Actualmente, los jubilados y pensionados del país son 9 millones, pero apenas unos 3,2 millones recibirían este beneficio por aportar al sistema durante toda su vida.
Fin de la moratoria previsional
En marzo de 2025 vence la moratoria previsional, y el gobierno ya confirmó que no planea prorrogarla. ¿Cómo impactará esto en términos reales? Bueno, básicamente, como al parecer no habría reemplazos para ella, las personas que no cumplan con los años de aporte necesarios podrían quedar excluidas del sistema previsional tradicional. Pasarían a depender exclusivamente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y su Prestación Universal para Adultos Mayores (PUAM), un programa que se dirige a mayores de 65 años que no reúnen los años para tramitar la jubilación ordinaria y que se actualiza por movilidad.
La PUAM otorga un beneficio equivalente al 80% de la jubilación mínima, y para poder acceder, la persona no debe contar con ninguna otra jubilación o pensión y debe demostrar que está en condiciones vulnerables. Con el fin de las moratorias se estima que muy pocos podrán jubilarse de la forma tradicional, y recaerían en este programa.
De hecho, entre agosto de 2023 y agosto de 2024, el número total de jubilados creció en más de 260.000 personas y 9 de cada 10 nuevos jubilados accedieron mediante la moratoria.
La edad jubilatoria se aleja y los regímenes especiales se acaban
Otro punto central en la reforma es la edad jubilatoria. Actualmente, las mujeres pueden jubilarse a los 60 años y los hombres a los 65, si bien en el sector privado existe la opción de trabajar hasta los 70. El gobierno busca igualar la edad de jubilación para ambos géneros a 65 años, y avanzar gradualmente hacia un incremento mayor, aunque, dicen, "sin llegar a los 70 años".
Además, se propone unificar los cerca de 200 regímenes especiales existentes para reemplazarlos con un sistema único. Hoy hay diversos sectores que han logrado favorecerse con regímenes específicos, algo que el gobierno considera insostenible.
Es así que los docentes (el grupo más numeroso), trabajadores de Luz y Fuerza, investigadores científicos, empleados del Poder Judicial, personal de policía y de casas particulares, entre otros, tendrían que jubilarse a la misma edad que el resto de la población. ¿Entonces la nueva legislación no tendría en cuenta el caso de actividades consideradas insalubres, como la minería? Aún no hay respuestas al respecto, así que bien podrían mantenerse algunas excepciones.
Más allá de eso, la reforma previsional impulsada por el gobierno de La Libertad Avanza refleja el cuestionamiento a un sistema acusado de ser un excesivo gasto público. Con las elecciones legislativas en el horizonte, las definiciones finales sobre estos cambios podrían variar sustancialmente, pero lo más probable es que los ejes centrales basados en la simplificación administrativa se mantendrán.
Lo que sí se sabe es que desde el gobierno piensan enviar este proyecto hacia la segunda mitad del 2025, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones.
Por último, otra fuente de Infobae aseguró: “Queremos avanzar con dos cosas: por un lado, el premio al aportante; y por otra, en la medida en que nos lo permitan las cuentas fiscales, ir bajando las cargas sociales, las contribuciones patronales, para fomentar el crecimiento del empleo”, promete el funcionario. Y añadió que esto se hará en la medida en que otros impuestos puedan financiar el sistema.
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