La obra conectará el yacimiento con el puerto de Punta Colorada y se construirá en manos de las principales empresas energéticas del país. No obstante, movimientos ambientalistas están preocupados por la ubicación del puerto, que antes correspondía a una zona protegida por ley.
Mucho parece depender de este megaproyecto, producto del consorcio conformado por YPF y Pluspetrol en forma mayoritaria, junto a Vista, PAE, Pampa, Chevron y Shell en menor proporción. Luego del blanqueo de capitales, el Gobierno apuesta a los dólares de Vaca Muerta para mantener la estabilidad cambiaria. Proyectan que, para el 2030, el sector energético realice exportaciones por US$30.000 millones, un monto que va a la par de lo que recauda el sector agropecuario.
Vaca Muerta Sur es un oleoducto de 437 kilómetros que busca potenciar las exportaciones de crudo desde el yacimiento. La inversión está estimada en 3.000 millones de dólares, y tendrá una capacidad inicial de transporte de 550.000 barriles por día, con potencial para alcanzar los 700.000 barriles diarios.
Ahora, se dio el paso definitivo para empezar a dar forma al oleoducto. Tras aprobarse por unanimidad su construcción, se celebró una reunión en la sede de YPF con los ejecutivos más importantes de las compañías que participan, como Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Miguel Galuccio, presidente de Vista; Germán Burmeister, presidente de Shell Argentina, Chile y Uruguay; Marcelo Mindlin, presidente de Pampa; Daniel Ciaffone, vicepresidente de PAE; Adrián Vila, gerente general de Pluspetrol Argentina y Gerald Free, gerente de Planificación y Finanzas para América Latina de Chevron.
La obra incluirá una terminal de carga y descarga con monoboyas interconectadas y una playa de tanques y almacenamiento. Se espera que esté operativa en julio de 2027.
Lo más probable es que las quejas de las comunidades de Río Negro y Chubut por el impacto en el medioambiente queden zanjadas por parte del Gobierno. La polémica ronda en torno a la ubicación del puerto de Punta Colorada, sobre las costas del Golfo San Matías, que fue un área protegida por la legislación hasta septiembre de 2022, cuando las autoridades la alteraron para hacer posible este proyecto.
El destino está rodeado por cuatro áreas naturales protegidas, entre ellas la Península Valdés, y ubicado en la costa atlántica de Río Negro. Al respecto, también se pronunciaron obispos de la Patagonia, que advirtieron que “perjudicaría algunos ecosistemas propios del mar territorial”.
El monseñor Roberto Álvarez, obispo de Rawson, envió meses atrás una carta al gobernador de Chubut, Ignacio Torres y al procurador general de la provincia, Jorge Luis Miquelarena, planteándoles su preocupación:
“¿Están Uds seguros que no incidirá en el asentamiento del Pingüino de Magallanes que es tan vulnerable a los derramamientos de petróleo? ¿Y en la repoblación de la ballena Franca Austral, antes diezmada por la caza y que ha elegido el golfo para reproducirse? ¿Qué sucederá con las principales actividades económicas de las comunidades locales, como son las pesquerías artesanales, el turismo orientado a la pesca deportiva, el buceo y el avistaje de fauna marina, si el tráfico de barcos cambia los hábitos de las especies o los derrames se suceden?”.
Lo cierto es que Vaca Muerta tiene todos los papeles en regla en cuanto a las medidas de seguridad ambiental, pero ¿eso significa que no contamina ni afecta gravemente el ambiente? Claro que no, porque, en principio, muchas de las variables no se miden y las empresas se autocontrolan y declaran su situación, dejando por fuera la regulación estatal.
Entre los daños más profundos que causa la explotación del yacimiento, está la proliferación de los basureros petrolíferos donde van a parar los residuos industriales. Es un hecho que los desechos derivados de la perforación y la fractura hidráulica de los pozos de petróleo crecen a mayor velocidad que la capacidad de las plantas de tratamiento. Sin embargo, tampoco hay planes al respecto. Todo esto se menciona en el estudio Cartografías de lo oculto, llevado a cabo por investigadores de la Universidad Nacional del Comahue, que trata el impacto socioambiental del fracking en Vaca Muerta y da cuenta de muchas aristas del proyecto que pueden ser fácilmente problematizadas.
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