¿Podría la última gran compra de Telecom verse envuelta en un lío y, finalmente, tener que dar marcha atrás? Por lo pronto, presiones hay y varias: Telecentro presentó recientemente una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) frente a la expansión de la compañía en el sector de telecomunicaciones. Y, por otro, está la resolución lanzada por el Gobierno nacional argentino.
La adquisición por parte de Telecom de la filial argentina de Telefónica por unos 1.245 millones de dólares ha resonado fuerte en el mundo de las empresas. La concentración que tanto Telecentro como el gobierno señalan es real, pero también es parte de la estrategia de Telefónica de deshacerse de sus filiales latinoamericanas para asentarse en los mercados europeos. Esto se debe a pérdidas millonarias de Telefónica Hispam.
La resolución que acusa a Telecom de monopolio
A través de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, el Gobierno tomó la decisión de dictar una medida preventiva que suspende los efectos de la compra de Telefónica por parte de Telecom.
La medida se sustenta en la recomendación de la CNDC, que señala que la fusión de ambas compañías incrementaría de forma significativa su participación en el mercado. De hecho, implica una concentración del 61% para el mercado de telefonía móvil; 69% para la telefonía fija; y, respecto al servicio de internet residencial, en algunas zonas del país la concentración podría llegar al 80%.
Por su parte, Telecentro también se puso en contra de la transacción. Para la empresa, la compra de Telefónica Argentina representa “una concreta concentración económica por cuanto, en algunos Servicios de TIC, Telecom ostentará el monopolio del negocio, hecho que es ilegal por cuanto afectará indudablemente el interés económico general que es el objetivo que pretende salvaguardar la ley específica, la Constitución Nacional y la Ley Argentina Digital 27.078”.
Al respecto, Telecentro solicita que la CNDC investigue si Telecom “concentra un poder de mercado con potencialidad para afectar negativamente la competencia y generar un perjuicio para el interés económico general”.
¿Estas medidas podrían afectar el negocio?
Si bien no sabemos qué pasará, sí hay algunas certezas en torno a la cuestión. Por su lado, Telecom ha dicho que no fue notificada formalmente ante la medida del gobierno:
"La compañía reitera su compromiso con el respeto a la normativa vigente y a los procedimientos establecidos, y aguarda la debida comunicación oficial para evaluar el alcance de la medida y responder oportunamente dentro del marco correspondiente".
"En este sentido, Telecom ratifica su voluntad de colaborar con los organismos competentes en el análisis de la operación, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y en plena consonancia con los estándares internacionales y la libre competencia".
En el mismo comunicado, la empresa expresó que compartirá su posicionamiento ante la medida enunciada una vez que reciba la notificación de manera formal.
Mientras tanto, lo cierto es que la transacción ya fue concretada; la operación de venta no tiene vuelta atrás. De hecho, Telefónica ya se ha desembarazado de la situación, y lo que podría llegar a pasar es que el conflicto recaiga sobre Telecom. A lo sumo, en un futuro, Telecom podría ser intervenido para forzar a ceder o vender activos a sus competidores.
Así que sí, probablemente la medida preventiva no pueda ser más que eso, ya que por ahora el gobierno nacional no tiene el poder de suspender ninguna compra. Otra cosa es intentar utilizar la ley de la Defensa de la Competencia para controlar adquisiciones y fusiones a partir de cierta cifra.
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