El gobierno de Javier Milei decretó, a través de la resolución 780/2024, la restricción a los accesos de información pública para evitar la viralización y la generación de daños y perjuicios con los datos privados de funcionarios o ministros.

En 2016, Mauricio Macri habilitó la Ley  N° 27.275 de Acceso a la Información Pública, la cual le permitía todos los ciudadanos argentinos pedir, buscar y acceder a cualquier dato, registro o documento que estuviese en poder del Estado, sin la necesidad de explicar por qué.

Con el cambio que realizó el Presidente de Argentina, ahora, cualquier agente cercano al poder, puede justificar la no entrega de información, ya que se podría buscar perjudicar a un tercero o realizar un abuso del derecho. Además, su negativa puede estar justificada desde que se trata de aspectos del "ámbito privado".

La Fundación Poder Ciudadano, organización que busca integrar lazos con entes privados y públicos, se manifestó al respecto: "Nos preocupa el reciente decreto del Presidente de la Nación que, en lugar de impulsar el derecho de acceso a la información pública, pareciera limitarlo. Más derecho de acceso a la información significa más transparencia y menos corrupción", explicaron desde su cuenta de X.

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¿Por qué se cambió el acceso a la información pública?

La nueva normativa busca clarificar el alcance del concepto de información pública, entendiéndose como cuestiones de interés público relacionadas con las actividades del estado y su control, funcionamiento y organización. A su vez, deja en claro que se limita cualquier material fuera de estos parámetros o vinculados a los funcionarios y ministros mientras no están en sus cargos.

Aunque el punto neurálgico de esta decisión fue a principios de 2024, cuando se le consultó al gobierno sobre los gastos que hace Javier Milei en sus cuatro perros en la Quinta de Olivos, desde sus cercanías se negaron a aclarar la situación, justificándolo desde el "ámbito privado".