Córdoba es el centro de preocupación de todo el país por estas horas, ya que el incendio que se desató hace ya cinco días arrasó con más de 10.000 hectáreas hasta el momento. También resultaron afectados los pueblos cercanos, cuyos habitantes han tenido que ser evacuados de emergencia y hay alrededor de 20 viviendas reducidas a cenizas.
Los brigadistas voluntarios trabajan sin descanso para tratar de contener los incendios, y fueron asistidos con 7 aviones hidrantes y 6 helicópteros, dos de los cuales provienen de la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador Axel Kicillof se expresó en redes sociales "ante un Gobierno nacional que decide mirar para otro lado":
"Enviamos helicópteros y brigadistas −además de 6 vehículos de tierra− para ayudar a combatir el fuego que tanto daño está causando (...). Aunque no nos sobren los recursos siempre vamos a estar a disposición de Córdoba y de cada distrito que lo necesite porque creemos que la solidaridad y el federalismo son los pilares sobre los que se construye nuestro país", sentenció, evidenciando la falta de asistencia por parte del Gobierno nacional.
El gobierno cordobés, en correspondencia, agradeció la ayuda a través de un comunicado oficial que menciona la intervención de Buenos Aires y Santiago del Estero.
Los focos aún activos se dan en las zonas de San Marcos Sierras, Villa Berna, Chancaní y Ascochinga.
¿Cómo se llegó a este punto?
Lo cierto es que esta catástrofe podría ser predecible, con un gobierno negacionista del cambio climático y que se desentiende de la urgencia de emprender políticas para paliar las consecuencias del calentamiento global e impedir el provecho de las multinacionales para disponer a su gusto los terrenos destruidos.
Era a lo que apuntaba la Ley del Manejo del Fuego, que el Gobierno de Javier Milei intentó derogar con el DNU 70/2023 que no fue aprobado. No hizo falta derogar nada: en el primer trimestre de 2024, el Gobierno Nacional no ejecutó los fondos asignados para esta ley.
Además, tampoco se declaró la Emergencia Nacional que tanto los vecinos afectados, como organizaciones ambientales, intendentes y gobernadores vienen reclamando, para que los recursos del país se concentren en contener las llamas y reparar el daño causado.
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